BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCA Nº 62, 23 DE MAYO DE 1997 
 
TEXTO INTEGRO DE LA ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTION, 

RECAUDACION E INSPECCION 
 
TITULO I. NORMAS TRIBUTARIAS DE CARACTER GENERAL 
 
 
CAPÍTULO I. PRINCIPIOS GENERALES 
 
 
Sección 1ª.- Carácter de la Ordenanza 
 
Artículo 1.-  
 
1. La presente Ordenanza se dicta, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 106.2 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, en desarrollo de lo establecido en la Ley 39/1.988, de 28 de 
Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, de la legislación tributaria del 
Estado y de las demás normas concordantes. 
2. Contiene las normas aplicables al ejercicio de las competencias del 
Municipio en las materias de gestión, recaudación e inspección de sus tributos 
propios, en cuanto a estas funciones se ejerzan directamente por el mismo. 
 
Sección 2ª.- Ámbito de aplicación 
 
Artículo 2.-  
 
Esta Ordenanza se aplicará en todo el término municipal de Breña Baja 
desde su entrada en vigor hasta su derogación o modificación. 
 
Sección 3ª.- Interpretación 
 
Artículo 3.- 
 
 1. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a los criterios 
admitidos en Derecho. 
2. Los términos aplicados en las Ordenanzas se entenderán conforme a 
su sentido jurídico, técnico o usual, según proceda. 
3. No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos 
estrictos el ámbito del hecho imponible o el de las exenciones o bonificaciones. 
4. Para evitar el fraude de Ley se entenderá, a los efectos del número 
anterior, oque no existe extensión del hecho imponible cuando se graven 
hechos realizados con el propósito probado de eludir el tributo, siempre que 
produzcan un resultado equivalente al derivado del hecho imponible. Para 
declarar que existe fraude de Ley será necesario un expediente especial, en el 
que se aporte por la Administración municipal la prueba correspondiente y dé 
audiencia al interesado. 
5. Los tributos se exigirán con arreglo a la verdadera naturaleza jurídica 
o económica del hecho imponible. 

 
Sección 4ª.- Hecho imponible 
 
Artículo 4.-  
 
El hecho imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica 
fijado por la Ley y la Ordenanza Fiscal correspondiente, para configurar cada 
tributo, y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. 
Las Ordenanzas Fiscales podrán completar la determinación concreta 
del hecho imponible mediante la mención de supuestos de no sujeción. 
 
 
CAPÍTULO II. SUJETOS PASIVOS 
 
Artículo 5.- 
 
 1. El sujeto pasivo es la persona, natural o jurídica, que, según la 
Ordenanza de cada tributo, resulta obligada al cumplimiento de las 
prestaciones tributarias, sea como contribuyente o como sustituto del mismo. 
2. Es contribuyente la persona, natural o jurídica, a quien la Ordenanza 
Fiscal impone la carga tributaria derivada del hecho imponible. 
3. Es sustituto del contribuyente el sujeto pasivo que, por imposición de 
la Ley y de la Ordenanza Fiscal de un determinado tributo y en lugar de aquél, 
está obligado a cumplir las prestaciones materiales y formales de la obligación 
tributaria. 
4. En los tributos municipales que puedan afectar a concesionarios de 
todas clases, éstos tendrán la consideración de sujetos pasivos, salvo en los 
casos en que por la Ordenanza de cada tributo se les considere no sujetos. 
 
Artículo 6.-  
 
1. Tendrán además la consideración de sujetos pasivos, en las 
Ordenanzas en las que se establezca, las herencias yacentes, comunidades de 
bienes y demás entidades que carentes de personalidad jurídica, constituyen 
una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición. 
2. Cuando sean dos o más los responsables solidarios o subsidiarios de 
una misma deuda, ésta podrá exigirse íntegramente a cualquiera de ellos. 
 
Artículo 7.-  
 
El sujeto pasivo está obligado a: 
 
a) Pagar la deuda tributaria. 
 
b) Formular cuantas declaraciones o modificaciones se exijan 
para cada tributo, consignando en ellos el Número de Identificación 
Fiscal, acompañando fotocopia de la Tarjeta expedida para constancia 
del Código de Identificación, o del Documento Nacional de Identidad o 
de un documento oficial en que figure el número personal de 
identificación de extranjero. 

c) Tener a disposición de la Administración Municipal los libros de 
contabilidad, registros y demás documentos que deba llevar y conservar, 
con arreglo a la ley y según establezca en cada caso la correspondiente 
Ordenanza. 
 
d) Facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones y 
proporcionar a la Administración Municipal los datos, informes, 
antecedentes y justificantes que tenga relación con el hecho imponible. 
 
e) Declarar su domicilio fiscal, conforme a lo establecido en el 
artículo 13 de esta Ordenanza Fiscal General. 
 
CAPÍTULO III. RESPONSABLES DEL TRIBUTO 
 
Artículo 8.-  
 
1. Las Ordenanzas Fiscales, podrán declarar, de conformidad con la 
Ley, responsables de la deuda tributaria, junto a los sujetos pasivos a otras 
personas solidaria o subsidiariamente. 
 
2. Salvo norma en contrario la responsabilidad será siempre subsidiaria. 
 
Artículo 9.-  
 
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias: 
 
a) Todas las personas que sean causantes o colaboren en la 
realización de una infracción tributaria. 
b) Los copartícipes o cotitulares de las entidades jurídicas o 
económicas a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria 
responderán solidariamente, y en proporción a sus respectivas 
participaciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades. 
c) Los socios o partícipes en el capital de sociedades o entidades 
disueltas y liquidadas responderán de las obligaciones tributarias 
pendientes hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les 
hubiere adjudicado. 
 
2. Asimismo, las personas o entidades depositarias de bienes 
embargables que, con conocimiento previo del embargo, colaboren o 
consientan en el levantamiento de los mismos, serán responsables de la deuda 
hasta el límite del importe levantado. 
 
Artículo 10.-  
 
1. En los supuestos de responsabilidad solidaria, a falta de pago de la 
deuda por el deudor principal y sin perjuicio de la responsabilidad de éste, la 
Hacienda Municipal podrá reclamar aquélla de los responsables solidarios, si 
los hubiere. 
Se entenderá producida la falta de pago de la deuda tributaria una vez 
transcurrido el período voluntario sin haberse satisfecho la deuda. 

2. Las acciones dirigidas contra un deudor principal o un responsable 
solidario no serán obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra los 
demás obligados al pago. Cuando sean varios los responsables solidarios de 
una misma deuda, la responsabilidad de los mismos frente a la Hacienda 
Municipal será a su vez solidaria, salvo que expresamente se disponga otra 
cosa. 
3. En los supuestos de aval, fianza u otra garantía personal prestada con 
carácter solidario, la responsabilidad alcanza hasta el límite del importe de 
dicha garantía. 
En los supuestos de depositarios de bienes embargados hasta el límite 
del importe levantado. 
4. El acto administrativo declarando la responsabilidad solidaria será 
dictado por el Alcalde-Presidente, sin perjuicio de las delegaciones que pueda 
conferir, por el procedimiento establecido en el artículo 12.3 del Reglamento 
General de Recaudación. Dicho acto se notificará a los responsables solidarios. 
 
Artículo 11.-  
 
Serán responsables subsidiarios de las obligaciones tributarias, aparte 
de los que señale la Ordenanza del Tributo: 
 
a) Por las infracciones tributarias simples y de la totalidad de la 
deuda tributaria en los casos de infracciones graves cometidas por las 
personas jurídicas, los administradores de las mismas que no realicen 
los actos necesarios que fuesen de su incumbencia para el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias infringidas, consintiesen el incumplimiento 
por quienes de ellos dependan o adoptaran acuerdos que hicieran 
posibles tales infracciones. 
b) Asimismo, serán responsables subsidiariamente, en todo caso, 
de las obligaciones tributarias pendientes de las personas jurídicas que 
hayan cesado en sus actividades los administradores de las mismas. 
c) Los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 
concursos, sociedades y entidades en general, cuando por negligencia o 
mala fe no realicen las gestiones necesarias para el íntegro 
cumplimiento 
de 
las 
obligaciones 
tributarias 
devengadas 
con 
anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los 
respectivos sujetos pasivos. 
 
Artículo 12.-  
 
1. En los caos de responsabilidad subsidiaria serán inexcusable la previa 
declaración de fallidos de los deudores y responsables solidarios, sin perjuicio 
de las medidas cautelares que antes de esta declaraciones puedan 
reglamentariamente adoptarse. 
2. La derivación de la acción administrativa a los responsables 
subsidiarios, requerirá previamente un acto administrativo, que será notificado 
reglamentariamente, confiriéndoles desde dicho instante todos los derechos del 
sujeto pasivo. 
3. Los responsables subsidiarios están obligados al pago de las deudas 
tributarias cuando concurran las siguientes circunstancias: 

a) Que el deudor principal y responsables solidarios hayan sido 
declarados fallidos conforme a lo dispuesto en el Reglamento General 
de Recaudación. 
b) 
Que 
exista 
acto 
administrativo 
de 
derivación 
de 
responsabilidad. 
4. El acto administrativo de derivación de responsabilidad contra los 
responsables subsidiarios será dictado por el 
Alcalde, sin perjuicio de las delegaciones que pueda conferir, una vez que obre 
en su poder el expediente administrativo de apremio con la declaración de 
fallido de los obligados principalmente al pago. 
5. Dicho acto en el se cifrará el importe de la deuda exigible al 
responsable subsidiario, será notificado a éste con los requisitos establecidos 
en el artículo 14.2 del Reglamento General de Recaudación. 
6. Si son varios los responsables subsidiarios, y éstos lo son el mismo 
grado, la responsabilidad de los mismos frente a la Hacienda Municipal será 
solidaria, salvo norma en contrario. 
 
 
CAPÍTULO IV. EL DOMICILIO FISCAL 
 
Artículo 13.-  
 
1. El domicilio fiscal será único: 
 
a) Para las personas físicas, el de su residencia habitual. 
b) Para las personas jurídicas, el de su domicilio social, siempre 
que 
en 
él 
esté 
efectivamente 
centralizada 
su 
gestión 
administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, se 
entenderá el lugar en que radiquen dicha gestión o dirección. 
 
2. Los sujetos pasivos que residan fuera del término municipal vendrán 
obligados a designar un representante y su domicilio para cuanto se refiere a la 
administración económica y el régimen de derechos y obligaciones que de ella 
emanen. 
3. Serán válidas las notificaciones que, en defecto de tal designación, se 
practiquen en el domicilio habitual del deudor si fuere conocido por la 
Administración, aún cuando se halle fuera del término municipal. 
 
Artículo 14.-  
 
1. Cuando un sujeto pasivo cambie su domicilio deberá ponerlo en 
conocimiento de la Administración Tributaria, mediante declaración expresa a 
tal efecto, sin que el cambio de domicilio produzca efecto frente a la 
Administración, hasta tanto se presente la citada declaración tributaria. La 
Administración podrá rectificar el domicilio fiscal de los sujetos pasivos 
mediante la comprobación pertinente. 
2. El incumplimiento de la obligación establecida en el párrafo anterior 
constituirá infracción simple. 
 
 

CAPÍTULO V. LA BASE 
Artículo 15.- 
 
 En las Ordenanzas de los tributos en los que la deuda se determine 
sobre bases imponibles, se establecerán los medios y métodos para 
determinarlas. 
 
Artículo 16.-  
 
La determinación de las bases tributarias en régimen de estimación 
directa corresponderá a la Administración y se aplicará sirviéndose de las 
declaraciones o documentos presentados o de los datos consignados en libros 
y registros comprobados administrativamente. 
 
Artículo 17.-  
 
Cuando la falta de presentación de declaraciones o las presentadas por 
los sujetos pasivos no permitan a la Administración el conocimiento de los 
datos necesarios para la estimación completa de las bases imponibles o de los 
rendimientos, o cuando los mismos ofrezcan resistencia, excusa o negativa a la 
actuación inspectora o incumplan sustancialmente sus obligaciones contables, 
las bases o rendimientos se determinarán en régimen de estimación indirecta 
utilizando para ello cualquiera de los siguientes medios: 
 
a) Aplicando los datos y antecedentes disponibles que sean 
relevantes al efecto. 
b) Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la 
existencia de los bienes y de las rentas, así como de los ingresos, 
ventas, costes y rendimientos que sean normales en el respectivo sector 
económico, atendidas las dimensiones de las unidades productivas o 
familiares que deban compararse en términos tributarios. 
c) Valorando los signos, índices o módulos que se den en los 
respectivos contribuyentes, según los datos o antecedentes que se 
posean en supuestos similares o equivalentes. 
 
Artículo 18.-  
 
1. 
En régimen de estimación indirecta de bases tributarias, cuando 
actúe la inspección de los tributos acompañará a las actas 
incoadas para regularizar la situación tributaria a los sujetos 
pasivos, retenedores o beneficiarios de las desgravaciones, 
informe razonado sobre: 
 
a) Las causas determinantes de la aplicación del régimen de 
estimación indirecta. 
b) Justificación de los medios elegidos para la determinación de 
las bases o rendimientos. 
c) Cálculos y estimaciones efectuados en base a los anteriores. 
 

2. Las actas incoadas en unión del respectivo informe se tramitarán por 
el procedimiento establecido según su naturaleza y clase. 
3. En aquellos casos en que no media actuación de la 
Inspección de los Tributos el órgano gestor competente dictará acta 
administrativa de fijación de la base y liquidación tributaria que deberá notificar 
al interesado con los requisitos a los que se refieren los artículos 121 y 124 de 
la Ley General Tributaria y con expresión de los datos indicados en las letras 
a), b) y c) del número anterior. La aplicación del régimen de estimación 
indirecta no requerirá actos administrativo previo que así lo declare sin perjuicio 
de los recursos y reclamaciones que procedan contra los actos y liquidaciones 
resultantes de aquél. 
4. En los recursos interpuestos podrá plantearse la procedencia de la 
aplicación del régimen de estimación indirecta. 
 
Artículo 19.- 
 
 Se entiende por base liquidable el resultado de practicar, en su caso, en 
la imponible las reducciones establecidas por la Ley propia de cada tributo o 
por la Ordenanza Fiscal correspondiente. 
 
CAPÍTULO VI. EXENCIONES Y BONIFICACIONES 
 
Artículo 20.-  
 
No se otorgarán otras exenciones, bonificaciones o reducciones que las 
concretamente establecidas o autorizadas por la Ley, Pactos o Tratados 
internacionales. La Ordenanza Fiscal de cada tributo deberá regular los 
supuestos de concesión de beneficios tributarios. 
 
Artículo 21.-  
 
1. Sin perjuicio de lo establecido o en la normativa reguladora de cada 
tributo, en los casos en que el beneficio fiscal haya de concederse a instancia 
de parte, la solicitud deberá presentarse: 
a) Cuando se trate de tributos periódicos gestionados mediante 
padrón o matrícula, en el plazo establecido en la respectiva Ordenanza 
para la presentación de las preceptivas declaraciones de alta o 
modificación. 
Una vez otorgado, el beneficio fiscal se aplicará en las sucesivas 
liquidaciones en tanto no se alteren las circunstancias de hecho o de 
derecho que determinaron su otorgamiento. 
b) Cuando se trate de tributos en los que se encuentre 
establecido el régimen de autoliquidación, en el plazo de presentación 
de la correspondiente autoliquidación o declaración-liquidación. 
c) En los restantes casos, en los plazos de presentación de la 
correspondiente declaración tributaria o al tiempo de la presentación de 
la solicitud del permiso o autorización que determine el nacimiento de la 
obligación tributaria, según proceda. 
 

2. Si la solicitud del beneficio se presentare dentro de los plazos a que 
se refiere el número anterior, su reconocimiento surtirá efecto desde el 
nacimiento de la obligación tributaria correspondiente al período impositivo en 
que la solicitud se formula. En caso contrario, el disfrute del beneficio no 
alcanzará a las cuotas devengadas con anterioridad a la fecha en que dicha 
solicitud se presente. 
3. La prueba de la concurrencia de los requisitos establecidos por la 
normativa de cada tributo para el disfrute de los beneficios fiscales corresponde 
al sujeto pasivo 
 
 
CAPÍTULO VII. DEUDA TRIBUTARIA 
 
Sección 1ª.- El tipo de gravamen y la deuda tributaria 
 
Artículo 22.- 
 
 1. La deuda tributaria estará constituida esencialmente por la cuota 
definida de conformidad con la Ley y las Ordenanzas de cada tributo. 
2. En su caso, también formarán parte de la deuda tributaria: 
a) Los recargos exigibles legalmente sobre las bases de las 
cuotas. 
b) El interés de demora. 
c) El recargo de apremio. 
d) Las sanciones pecuniarias. 
e) los recargos a que se refiere el artículo 61.2 de la Ley General 
Tributaria. 
3. El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber 
satisfecho la deuda, determinará el devengo del recargo de apremio y de los 
intereses de demora hasta la fecha de ingreso de la deuda tributaria. 
No 
obstante, 
cuando 
sin 
mediar 
suspensión, 
aplazamiento 
o 
fraccionamiento de una deuda se satisfaga antes de finalizar el plazo del 
artículo 108 del Reglamento General de Recaudación, no se exigirán intereses 
de demora devengados desde el inicio del procedimiento de apremio. 
Igualmente, 
devengarán 
interés 
de 
demora 
los 
aplazamientos, 
fraccionamientos y suspensiones legalmente acordados, por el tiempo de su 
duración. 
En 
las 
deudas 
a 
ingresar 
mediante 
declaración-liquidación 
o 
autoliquidación, cuando éstas se hayan presentado el plazo sin realizar el 
ingreso en todo o en parte, el período ejecutivo y el procedimiento 
administrativo de apremio se inician para la deuda no ingresada, al día 
siguiente al vencimiento del plazo en período voluntario. Si se presentaren 
fuera de plazo sin requerimiento previo y sin realizar el ingreso en todo o en 
parte, dichos períodos y procedimientos se inician par ala deuda no ingresada 
al día siguiente de la presentación. 
Los 
ingresos 
correspondientes 
a 
declaraciones-liquidaciones 
o 
autoliquidaciones realizadas fuera del plazo sin requerimiento previo, sufrirán 
un recargo único del 50 por 100, con exclusión del interés de demora y de las 
sanciones que pudieran ser exigibles. No obstante, el recargo será del 10 por 

100 si el ingreso se efectúa dentro de los tres primeros meses siguientes al 
término del plazo voluntario de presentación e ingreso. 
Si los obligados no efectúan el ingreso al tiempo de presentación de las 
declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones extemporáneas, sin solicitar 
expresamente aplazamiento o fraccionamiento de pago, se les exigirán en vía 
de apremio con un recargo único del 100 por 100. 
El recargo de apremio será del 20 por 100 siendo incompatible con el 
recargo único en vía de apremio del 100 por 100 a que hace referencia el 
artículo 61.2, inciso último, de la Ley General Tributaria. 
El recargo de apremio recaerá sobre el importe de la deuda pendiente al 
finalizar el período voluntario. 
La base sobre la que se aplicará el tipo de interés de demora no incluirá 
el recargo de apremio. 
 
Artículo 23. 
 
 La cuota tributaria podrá determinarse: 
a) En función del tipo de gravamen, aplicando sobre la base, que 
señale la oportuna Ordenanza Fiscal. 
b) En la cantidad resultante de aplicar la tarifa. 
c) Por aplicación conjunta de ambos procedimientos. 
 
Artículo 24.-  
 
1. Cuando la determinación de las cuotas o de las bases se haga en 
relación a categorías viales se aplicará el índice fiscal de calles que figura en el 
anexo a la presente Ordenanza, salvo que expresamente la propia del tributo 
establezca otra clasificación. 
2. Cuando algún vial no aparezca comprendido en el mencionado índice, 
será clasificado como de última categoría, hasta que por el Ayuntamiento se 
proceda a tramitar expediente de clasificación por omisión, que producirá 
efectos a partir del 1 de Enero del año siguiente a la aprobación del mismo. 
 
 
Sección 2ª.- Extinción de la deuda tributaria 
 
Artículo 25.-  
 
La deuda tributaria se extinguirá, total o parcialmente, según los casos: 
a) Pago, en la forma establecida en el Título III de esta 
Ordenanza. 
b) Prescripción. 
c) Compensación. 
d) Condonación. 
e) Insolvencia probada del deudor. 
 
Artículo 26.-  
 
Prescribirán a los cinco años los siguientes derechos y acciones: 

a) El derecho de la Administración para determinar la deuda 
tributaria mediante la oportuna liquidación. 
b) La acción para exigir el pago de las deudas tributarias 
liquidadas. 
c) La acción para imponer sanciones tributarias. 
d) El derecho a la devolución de ingresos indebidos 
 
Artículo 27.-  
 
El plazo de prescripción comenzará a contar en los distintos supuestos a 
que se refiere el artículo anterior, como sigue: 
 
En el caso a), desde el día en que finalice el plazo reglamentario 
para presentar la correspondiente declaración.  
En el caso b), desde la fecha en que finalice el plazo de pago 
voluntario.  
En el caso c), desde el momento en que se cometieron las 
respectivas infracciones. 
En el caso d), desde el día en que se realizó el ingreso indebido. 
 
Artículo 28.-  
 
1. 
Los plazos de prescripción a que se refieren las letras a), b) y c) 
del artículo 26 se interrumpen: 
 
a) Por cualquier acción administrativa, realizada con conocimiento 
formal del sujeto pasivo, conducente al reconocimiento, regulación, 
inspección, aseguramiento, comprobación, liquidación y recaudación del 
tributo devengado por cada hecho imponible. 
b) Por la interposición de reclamación o recursos de cualquier 
clase. 
c) Por cualquier actuación del sujeto pasivo conducente al pago o 
liquidación de la deuda. 
 
2. El plazo de prescripción a que se refiere la letra d) del artículo 26 de 
esta Ordenanza se interrumpirá por cualquier acto fehaciente del sujeto pasivo 
que pretenda la devolución del ingreso indebido o por cualquier acto de la 
Administración en que reconozca su existencia. 
 
Artículo 29.- 
 
 La prescripción se aplicará de oficio, incluso en los casos en que se 
haya pagado la deuda, sin necesidad de que la invoque o excepcione el 
obligado al pago. 
 
Artículo 30.-  
 
1. La prescripción ganada aprovecha por igual al sujeto pasivo y a los 
demás responsables de la deuda tributaria. 

2. Interrumpido el plazo de prescripción para uno, se entiende 
interrumpido para todos los responsables. 
3.  La prescripción ganada extingue la deuda tributaria. 
 
Artículo 31.-  
 
1. Las deudas con la Hacienda Municipal podrán extinguirse total o 
parcialmente por compensación, tanto en período voluntario como ejecutivo, 
con los créditos reconocidos por la misma a favor del deudor. La compensación 
puede ser de oficio o a instancia del deudor. 
2. Las deudas a favor de la Hacienda Municipal, cuando el deudor sea 
un Ente contra el que no puede seguirse el procedimiento de apremio por 
prohibirlo una disposición de rango de Ley, serán compensables de oficio, una 
vez transcurrido el plazo de pago en período voluntario. La resolución será 
notificada a la Entidad deudora. 
3. Los créditos de Derecho Público que se encuentren en fase de 
gestión recaudatoria podrán extinguirse de oficio por compensación con las 
deudas reconocidas por acto administrativo firme a las que tengan derecho los 
obligados al pago. Transcurrido el período voluntario y una vez expedida la 
certificación de descubierto, se compensará de oficio la deuda más el recargo 
de apremio, con el crédito. La compensación será notificada al interesado. 
 
Artículo 32.- 
 
 1. El deudor que inste la compensación, tanto en período voluntario 
como ejecutivo, deberá dirigir a la Alcaldía-Presidencia la correspondiente 
solicitud, contendrá los siguientes requisitos: 
a) Nombre y apellidos, razón social o denominación, domicilio y 
número de identificación fiscal del obligado al pago. 
b) Deuda cuya compensación se solicita, indicando su importe, 
fecha de vencimiento del plazo de ingreso voluntario y referencia 
contable. 
c) Crédito reconocido por acto administrativo firme cuya 
compensación se ofrece, indicando su importe y naturaleza. La deuda y 
el crédito deben corresponder al mismo sujeto pasivo. 
d) Declaración expresa de no haber sido transmitido, cedido o 
endosado el crédito a otra persona. 
 
2. Si se denegase la compensación, se concederá al interesado un plazo 
de 10 días hábiles para su ingreso, transcurrido el cual, si no produce el abono, 
se procederá al apremio o continuará el procedimiento ejecutivo, según los 
casos. 
3. Cuando una liquidación cuyo importe haya sido ingresado sea 
anulada y sustituida por otra, se podrá disminuir ésta en la cantidad 
previamente ingresada. 
 
 
 
 
 

Artículo 33.-  
 
1. Las deudas tributarias sólo podrán ser objeto de condonación, rebaja 
o perdón, en virtud de ley, en la cuantía y con los requisitos que en la misma se 
determine. 
2. La condonación extingue la deuda en los términos previstos en la Ley 
que la otorgue. 
 
Artículo 34.-  
 
1. Las deudas tributarias que no hayan podido hacerse efectivas en los 
respectivos procedimientos ejecutivos por insolvencia probada del sujeto 
pasivo y demás responsables, se declararán provisionalmente extinguidas en la 
cuantía procedente, en tanto no se rehabiliten dentro del plazo de prescripción. 
2. Si vencido ese plazo no se hubiere rehabilitado la deuda, quedará 
ésta definitivamente extinguida. 
 
Sección 3ª.- Garantía de la deuda tributaria 
 
Artículo 35.- 
 
 La Hacienda Municipal gozará de prelación para el cobro de los créditos 
tributarios vencidos y no satisfechos, en cuanto concurra con acreedores que 
no lo sean del dominio, prenda, hipoteca, o cualquier otro derecho real 
debidamente inscrito en el Registro con anterioridad a la fecha en que se haga 
constar en el mismo derecho de la Hacienda Municipal. 
 
Artículo 36.- 
 
 1. En los tributos que graven periódicamente los bienes o derechos 
inscribibles en un registro público o sus productos directos, ciertos o presuntos, 
el Ayuntamiento tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor o adquirente, 
aunque éstos hayan inscrito sus derechos para el cobro de las deudas no 
satisfechas correspondientes al año natural en que se ejercite la acción 
administrativa de cobro y al inmediatamente anterior. 
2. A los efectos de lo dispuesto en el número anterior se entiende que se 
ejercita la acción administrativa de cobro cuando se inicia el procedimiento de 
recaudación en período voluntario. 
 
Artículo 37.- 
 
 1. Las deudas y responsabilidades tributarias derivadas del ejercicio de 
explotación y actividades económicas por personas físicas, sociedades y 
entidades jurídicas serán exigibles a quienes les sucedan por cualquier 
concepto en la respectiva titularidad, sin perjuicio de lo que para la herencia 
aceptada a beneficio de inventario establece el Código Civil. 
2. El que pretenda adquirir dicha titularidad, previa la conformidad del 
titular actual, tendrá derecho a solicitar de la Administración certificación 
detallada de las deudas y responsabilidades tributarias derivadas del ejercicio 
de la explotación y actividades a que se refiere el apartado anterior. En caso de 

que la certificación se expidiera con contenido negativo o no se facilitara en el 
plazo de dos meses quedará aquél exento de la responsabilidad establecida en 
este artículo. 
 
Artículo 38.-  
 
1. Los adquirentes de bienes afectos por la Ley a la deuda tributaria 
responderán con ellos, por derivación de la acción tributaria, si la deuda no se 
paga. 
2. La derivación de la acción tributaria contra los bienes afectos exigirá 
acto administrativo notificado reglamentariamente, pudiendo el adquirente 
hacer el pago, dejar que prosiga la actuación o reclamar contra la liquidación 
practicada o contra la procedencia de dicha derivación. 
3. La derivación sólo alcanzará el límite previsto por la Ley al señalar la 
afección de los bienes. 
4. Esta responsabilidad será exigible en los términos establecidos en el 
artículo 37.2 del Reglamento General de Recaudación. 
 
CAPÍTULO VIII. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS 
 
Artículo 39.-  
 
1. Son infracciones tributarias las acciones y omisiones tipificadas y 
sancionadas en las Leyes. Las infracciones tributarias son sancionables incluso 
a título de simple negligencia. 
2. Serán sujetos infractores las personas físicas o jurídicas que realicen 
las acciones u omisiones tipificadas como infracciones en las leyes y en 
particular las que se refieren al apartado 3 del artículo 77 de la Ley General 
Tributaria. 
3. En los supuestos previstos en el artículo 77.4º de la Ley General 
Tributaria, las acciones u omisiones tipificadas en las leyes no darán lugar a 
responsabilidad por infracción tributaria, aunque se exija el interés de demora, 
además de las cuotas, importes y recargos pertinentes al regularizar la 
situación tributaria de los sujetos pasivos o de los restantes obligados. 
4. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de 
los delitos contra la Hacienda Pública regulados en el Código Penal, la 
Administración pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente y se 
abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial 
no dicte sentencia firme. 
La sanción de la autoridad judicial excluirá la imposición de sanción 
administrativa. 
De no haberse estimado la existencia de delito, la Administración 
continuará el expediente sancionador en base a los hechos que los tribunales 
hayan considerado probados. 
 
Artículo 40.- 
 
 Las infracciones tributarias podrán ser: 
a) Infracciones simples. 
b) Infracciones graves. 

 
Artículo 41.- 
 
 1. Constituyen infracciones simples el incumplimiento de obligaciones o 
deberes tributarios exigidos a cualquier persona, sea o no sujeto pasivo, por 
razón de la gestión de los tributos y cuando no constituyen infracciones graves. 
2. Dentro de los límites establecidos por la Ley, las Ordenanzas de los 
tributos podrán especificar supuestos de infracciones simples, de acuerdo con 
la naturaleza y características de la gestión de cada uno de ellos. 
 
Artículo 42.  
 
Constituye infracciones graves las siguientes conductas: 
 
a) Dejar de ingresar, dentro de los plazos reglamentariamente 
señalados, la totalidad o parte de la deuda tributaria, de los pagos a 
cuenta o fraccionados, así como de las cantidades retenidas o que 
hubieren debido retener. 
b) Disfrutar u obtener indebidamente beneficios fiscales, 
exenciones, desgravaciones o devoluciones. 
c) Las demás señaladas en el artículo 79 de la Ley General 
Tributaria. 
 
Artículo 43.-  
 
Las infracciones tributarias se sancionarán según los casos, mediante: 
 
1. Multa pecuniaria, fija o proporcional.  
La cuantía de las multas fijas se actualizará de acuerdo con lo que 
establezcan las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 
La multa pecuniaria proporcional se aplicará sobre la deuda 
tributaria, cantidades que hubieran dejado de ingresarse o sobre el 
importe de los beneficios o devoluciones indebidamente obtenidos. 
Se entenderá por deuda tributaria a estos efectos la cuota definida 
en el artículo 22.1 de esta Ordenanza y, en su caso, de los recargos 
enumerados en el número 2 a) del mismo. 
 
2. Las demás sanciones señaladas en los números 2, 3 y 4 del artículo 
80 de la Ley General Tributaria. 
 
Artículo 44.- 
 
 Las sanciones tributarias pecuniarias serán acordadas e impuestas por 
el órgano que deba dictar el acto administrativo por el que se practique la 
liquidación provisional o definitiva de los tributos. 
 
Artículo 45.- 
 
 Las sanciones tributarias se graduarán atendiendo en cada caso 
concreto a: 

a) La buena o mala fe de los sujetos infractores. 
b) La capacidad económica del sujeto infractor. 
c) La comisión repetida de infracciones tributarias. 
d) La resistencia, negativa y obstrucción a la acción investigadora de la 
Administración Tributaria. 
e) El cumplimiento espontáneo de las obligaciones o deberes formales y 
el retraso en el mismo. 
f) La trascendencia para la eficacia de la gestión tributaria de los datos, 
informes o antecedentes no facilitados y, en general, del incumplimiento 
de las obligaciones formales, de las de índole contable o registral y de la 
colaboración o información a la Administración Tributaria. 
g) La cuantía del perjuicio económico ocasionado a la Hacienda 
Municipal. 
h) La conformidad del sujeto pasivo, del retenedor o del responsable a la  
propuesta de liquidación que se le formule. 
 
Artículo 46.-  
 
Cada infracción simple será sancionada con multa de 1.000 a 150.000 
pts., salvo lo dispuesto en los supuestos especiales recogidos en los artículo 83 
a) y 86, ambos inclusive, de la Ley General Tributaria, y sin perjuicio de los 
establecidos expresamente en el artículo 99 de esta Ordenanza y en las 
reguladoras de cada tributo 
 
Artículo 47.-  
 
1. Las infracciones tributarias graves serán sancionadas con multa 
pecuniaria proporcional del medio al triple de las cuantías a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 43 de esta Ordenanza. 
2. Asimismo, serán exigibles interés de demora por el tiempo 
transcurrido entre la finalización del plazo voluntario de pago y el día que se 
sancionen las infracciones. 
 
Artículo 48.-  
 
1. La responsabilidad derivada de las infracciones se extingue por el 
pago o cumplimiento de la sanción, por prescripción o por condonación. 
2. Las sanciones tributarias sólo podrán ser condonadas en forma 
graciable, lo que se concederá discrecionalmente por el Alcalde-Presidente. 
Será necesaria la previa solicitud de los sujetos infractores o responsables y 
que renuncien expresamente al ejercicio de toda acción de impugnación 
correspondiente al acto administrativo. En ningún caso, será efectiva hasta su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
3.- A la muerte de los sujetos infractores, las obligaciones tributarias 
pendientes se transmitirán a sus herederos o legatarios, sin perjuicio de lo que 
establece la legislación civil para la adquisición de la herencia. En ningún caso, 
serán transmisibles las sanciones. 
 
 
 

 
CAPÍTULO IX. REVISIÓN DE ACTOS EN VÍA ADMINISTRATIVA 
 
Artículo 49.-  
 
La Administración Municipal rectificará en cualquier momento, de oficio o 
a instancia del interesado, los errores materiales o de hecho y los aritméticos, 
siempre que no hubieren transcurrido cinco años desde que se dictó el acto 
objeto de rectificación 
 
Artículo 50.-  
 
1. Contra los actos sobre aplicación de tributos locales podrá formularse 
ante el mismo órgano que los dictó, recurso de reposición previo al contencioso 
- administrativo, en el plazo de un mes a contar desde la notificación expresa o 
desde la finalización de exposición pública de los correspondientes padrones o 
matrículas de contribuyentes. 
2. El recurso se resolverá por el órgano que dictó el acto en el plazo de 
un mes, transcurrido el cual sin que hubiese recaído resolución expresa se 
entenderá desestimado en todo caso. 
3. Contra la resolución del recurso de reposición no podrá interponerse 
de nuevo dicho recurso, pudiendo en cambio, los interesados interponer 
directamente y sin más trámite de la Administración, el recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, contado desde el siguiente a la 
notificación del acuerdo resolutorio si este es expreso y, si fuera presunto, en el 
de un año a contar de la fecha de interposición del recurso de reposición. 
4. Contra los actos sobre aplicación de ingresos de Derecho público no 
tributarios procederá directamente recurso contencioso-administrativo salvo 
que el acto haya sido dictado por delegación, en cuyo caso habrá de 
interponerse ante el órgano delegante, el recurso correspondiente, en los 
plazos y formas establecidos para el recurso ordinario en la Ley 30/1.992, de 
26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 
Artículo 51.-  
 
Contra los actos que pongan fin a las reclamaciones formuladas en 
relación con los acuerdos de esta Corporación, en materia de imposición de 
tributos y aprobación y modificación de Ordenanzas Fiscales, los interesados 
podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses contados desde la publicación de los mismos en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 
 
Artículo 52.- 
 
 1. Para interponer el recurso de reposición, contra los actos sobre 
aplicación de los tributos, no se requerirá el previo pago de la cantidad exigida; 
no obstante, la interposición del recurso no detendrá en ningún caso, la acción 
administrativa para la cobranza, a menos que el interesado solicite dentro del 
plazo para interponer el recurso, la suspensión de la ejecución del acto 

impugnado, a cuyo efecto será indispensable para solicitar dicha suspensión, 
acompañar garantía que cubra el total de la deuda tributaria, en cuyo supuesto 
se otorgará la suspensión instada. A tal efecto, no se admitirán otras garantías, 
a elección del recurrente, que las siguientes: 
a) Depósito en dinero efectivo o valores públicos en Arcas 
Municipales o en la Caja General de Depósitos. 
b) Aval o fianza de carácter solidario prestado, por un 
Banco o banquero registrado oficialmente, por una Caja de Ahorros 
Confederada, Caja Postal de Ahorros o por Cooperativa de Crédito 
calificada. 
c) Fianza personal y solidaria prestada por dos contribuyentes de 
la localidad de reconocida solvencia, sólo para los débitos inferiores a 
100.000 pesetas. 
 
2. En casos muy cualificados y excepcionales, se podrá acordar 
discrecionalmente, a instancia de parte, la suspensión del procedimiento, sin 
presentación de garantía alguna, cuando el recurrente alegue y justifique en su 
solicitud la imposibilidad de prestarla o demuestre fehacientemente la 
existencia de errores materiales o aritméticos en los actos sobre aplicación de 
los tributos. 
3. La concesión de la suspensión llevará siempre aparejada la obligación 
de satisfacer intereses de demora por todo el tiempo de aquélla y sólo 
producirá efectos en el recurso de reposición. 
 
 
TITULO II. GESTION TRIBUTARIA 
 
Artículo 53.-  
 
1. La gestión de las exacciones comprende las actuaciones necesarias 
para la determinación del sujeto pasivo, de las bases y de cuantos elementos 
sean precisos para cuantificar la deuda tributaria mediante la oportuna 
liquidación. 
2. Los actos de determinación de las bases y deuda tributaria gozan de 
presunción de legalidad, que sólo podrá destruirse mediante revisión, 
revocación o anulación practicadas de oficio o a virtud de los recursos 
pertinentes. 
3. Tales actos serán inmediatamente ejecutivos, salvo que una 
disposición establezca expresamente lo contrario. 
 
Artículo 54.-  
 
1. La gestión de los tributos se iniciará: 
a) Por declaración o iniciativa del sujeto pasivo. 
b) De oficio. 
c) Por actuación investigadora de los órganos administrativos. 
2. La actuación investigadora de los órganos administrativos podrá 
iniciarse como consecuencia de una denuncia. 
3. No se considerará al denunciante interesado en la actuación 
investigadora que se inicie a raíz de la denuncia ni legitimado para interponer 

como tal recurso o reclamaciones. Podrán archivarse sin más trámite aquellas 
denuncias que fuesen manifiestamente infundadas. 
 
Artículo 55.-  
 
1. Se considera declaración tributaria todo documento por el que se 
manifieste o reconozca espontáneamente ante la Administración Tributaria 
Municipal que se han dado o producido las circunstancias o elementos 
integrantes, en su caso, de un hecho imponible. 
La presentación ante la Administración Tributaria Municipal de los 
documentos en los que se contenga o que constituyen el hecho imponible, se 
estimará declaración tributaria. 
2. Será obligatoria la presentación de la declaración dentro de los plazos 
establecidos en cada Ordenanza y, en su defecto, en el de un mes computado 
desde que se produzca el hecho imponible. La presentación fuera de plazo 
será considerada en su caso como infracción simple y sancionada como tal. 
 
Artículo 56.- 
 
 Toda persona natural o jurídica, pública o privada, estará obligada a 
proporcionar a la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o 
antecedentes con trascendencia tributaria, deducidos de sus relaciones 
económicas, profesionales o financieras con otras personas. 
 
Artículo 57.-  
 
1. Los sujetos pasivos y demás obligados tributarios podrán formular a la 
Administración Municipal consultas debidamente documentadas respecto al 
régimen, la calificación o clasificación tributaria que en cada caso les 
corresponda. 
2. La contestación tendrá carácter de mera información y no de acto 
administrativo, no vinculado a la Administración Municipal salvo que: 
 
a) Por Ley se disponga lo contrario. 
b) Se trate de consultas formuladas en la forma que 
reglamentariamente se establezca, por quienes deseen invertir 
capital procedente del extranjero en España. 
 
3. No obstante, lo establecido en el apartado 2 anterior, el sujeto pasivo 
que tras haber formulado su consulta hubiese cumplido las obligaciones 
tributarias de acuerdo con la contestación del órgano competente, no incurrirá 
en responsabilidad, siempre que reúna los siguientes requisitos: 
 
a) Que comprenda todos los antecedentes y circunstancias 
necesarios para la formación del juicio de la Administración. 
b) Que aquéllos no se hubieran alterado posteriormente. 
c) Que se hubiere formulado la consulta antes de producirse el 
hecho imponible o dentro del plazo para su declaración. 
 

La exención de responsabilidad cesará cuando se modifique la 
legislación aplicable y no impedirá, en ningún caso, la exigencia de intereses 
de demora además de las cuotas, importes o recargos pertinentes. 
4. Los interesados no podrán entablar recurso alguno contra la 
contestación aún cuando puedan hacerlo posteriormente contra el acto 
administrativo basado en ella. 
 
Artículo 58.-  
 
1. La Administración puede recabar declaraciones o ampliación de éstas, 
así como la subsanación de los defectos advertidos, en cuanto fuere necesaria 
para la liquidación del tributo y su comprobación. 
2. El incumplimiento de los deberes a que se refiere el párrafo anterior 
será tipificado como infracción tributaria y sancionado como tal. 
 
Artículo 59.- 
 
 Para la comprobación, investigación e inspección de los tributos, se 
estará a lo dispuesto en el Título IV de esta Ordenanza. 
 
Artículo 60.-  
 
1. Tanto en el procedimiento de gestión como en el de resolución de 
recursos, quien haga valer su derecho deberá probar los hechos normalmente 
constitutivos del mismo.  
Esta obligación se entiende cumplida si se designan de modo concreto 
los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria Municipal. 
2. Las declaraciones tributarias a que se refiere el artículo 55 de esta 
Ordenanza, se presumen ciertas y sólo podrán rectificarse por el sujeto pasivo, 
mediante la prueba de que al hacerlas se incurrió en error de hecho. 
3. La confesión de los sujetos pasivos versará exclusivamente sobre 
supuestos de hecho. No será válida cuando se refiera al resultado de aplicar 
las correspondientes normas legales. 
4. Las presunciones establecidas por las Leyes tributarias pueden 
destruirse por la prueba en contrario, excepto en los casos en que aquéllas 
expresamente lo prohíban. 
Para que las presunciones establecidas por la Ley sean admisibles 
como medios de prueba, es indispensable que entre el hecho demostrado y 
aquél que se trate de deducir haya un enlace preciso y directo según las reglas 
del criterio humano. 
5. La Administración Tributaria Municipal tendrá el derecho a considerar 
como titular de cualquier bien, derecho, empresa, servicio, actividad, 
explotación o función a quien figure como tal en un registro fiscal u otros de 
carácter público, salvo prueba en contrario. 
 
Artículo 61.-  
 
1. El Ayuntamiento publicará cuáles son los tributos, conceptos o 
epígrafes que puedan ser materia de concierto. 

2. Las bases de regulación de los conciertos, si no figuran de forma 
expresa en la Ordenanza Fiscal que corresponda al tributo, epígrafe o concepto 
que se haya de concertar, se detallarán para cada uno de ellos en el momento 
de su publicación. 
 
Artículo 62.- 
 
 Determinadas las bases imponibles, la gestión continuará mediante la 
práctica de la liquidación que determina la deuda tributaria. Las liquidaciones 
serán provisionales o definitivas. 
 
Artículo 63.-  
 
1. Tendrá la consideración de liquidaciones definitivas: 
a) Las practicadas previa comprobación administrativa del hecho 
imponible y de su valoración, haya mediado o no liquidación provisional. 
b) Las que no hayan sido comprobadas dentro del plazo de 
prescripción. 
2. En los demás casos, tendrán carácter de provisionales, sean a 
cuenta, complementarias, caucionales, parciales o totales. 
3. Asimismo tendrán la consideración de provisionales, conforme a lo 
dispuesto en los apartados anteriores, las liquidaciones tributarias practicadas 
por la Administración Municipal de acuerdo con la calificación, bases, valores o 
cuotas señaladas por el Estado o sus Organismos Autónomos, en los tributos 
de gestión compartida, cuando dichos actos de calificación o fijación de bases, 
valores o cuotas hayan sido dictados sin la previa comprobación del hecho 
imponible o de las circunstancias determinantes de la respectiva calificación, 
valoración o señalamiento de cuotas, por la Administración competente. 
 
Artículo 64.-  
 
1. La Administración Municipal no está obligada a ajustar las 
liquidaciones a los datos consignados en sus declaraciones por los sujetos 
pasivos. 
2. El aumento de base tributaria sobre la resultante de las declaraciones 
deberá notificarse al sujeto pasivo, con expresión concreta de los hechos y 
elementos adicionales que la motiven. 
 
Artículo 65.  
 
Podrán refundirse en documento único la declaración, liquidación y 
recaudación de las exacciones que recaigan sobre el mismo sujeto pasivo, en 
cuyo caso se requerirá: 
 
a) En la liquidación deberán constar las bases y tipos o cuotas de cada 
concepto, con lo que quedarán determinadas o individualizadas cada 
una de las liquidaciones que se refunden. 
b) En la recaudación deberán constar por separado las cuotas relativas 
a cada concepto, cuya suma determinará la cuota refundida a 
exaccionar mediante documento único. 

Artículo 66.-  
 
1. Podrán ser objeto de padrón o matrícula los tributos en los que por su 
naturaleza se produzca continuidad de hechos imponibles. 
2. Las altas se producirán bien por declaración del sujeto pasivo, bien 
por la acción investigadora de la Administración, o de oficio, surtiendo efecto en 
matrícula en la fecha que se determine en la respectiva Ordenanza fiscal. 
3. Las bajas deberán ser formuladas por los sujetos pasivos y una vez 
comprobadas producirán la definitiva eliminación del padrón con efectos a partir 
del período siguiente a aquél en que hubiesen sido presentadas, salvo las 
excepciones que se establezcan en cada Ordenanza. 
4. Los sujetos pasivos estarán obligados a poner en conocimiento de la 
Administración Municipal, dentro del plazo establecido en cada Ordenanza y, 
en su defecto, en el de un mes desde que se produzca, toda modificación 
sobrevenida que pueda originar alta, baja o alteración en el padrón. El 
incumplimiento de este deber será considerado infracción tributaria y 
sancionado como tal. 
5. Los padrones o matrículas se someterán cada ejercicio a la 
aprobación de la Alcaldía-Presidencia, y una vez aprobados se expondrán al 
público durante un plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al 
de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 
6. La exposición al público de los padrones o matrículas producirá los 
efectos de notificación de las liquidaciones de cuota que figuren consignadas 
para cada uno de los interesados, pudiéndose interponer contra dichos actos 
recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un 
mes, a partir del día siguiente al de la finalización de período de exposición 
pública. 
7. La exposición al público se realizará en el lugar indicado por el 
anuncio que preceptivamente se habrá de fijar en el tablón de anuncios de la 
Casa Consistorial, así como insertarse en el Boletín Oficial de la Provincia 
Independientemente de los anuncios anteriores, únicos obligatorios a efectos 
de procedimiento, se publicará también el anuncio, al menos, en uno de los 
diarios de mayor tirada. 
 
Artículo 67.- 
 
 1. Las liquidaciones tributarias se notificarán a los sujetos pasivos con 
expresión: 
a) De los elementos esenciales de aquéllas. 
b) De los medios de impugnación que pueden ser ejercidos, con 
indicación de plazos y organismos en que habrán de ser interpuestos. 
c) Del lugar, plazo y forma en que deba ser satisfecha la deuda 
tributaria. 
 
2. Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario sin realizarse el 
pago, se procederá, sin más aviso, a su exacción por la vía de apremio y 
devengarán el recargo del 20 por 100 sobre el importe de las mismas, los 
intereses de demora, computados desde el día siguiente al vencimiento del 
período voluntario hasta la fecha de su ingreso, y, en su caso, las costas que 
produzcan. 

3. No será necesaria la notificación expresa de los intereses devengados 
si en la notificación de la deuda principal o en cualquier otro momento posterior 
le ha si notificado al interesado el importe de la deuda, el devengo de intereses 
en caso de falta de pago y el cómputo del tiempo de devengo. 
 
Artículo 68.-  
 
Las liquidaciones definitivas, aunque no rectifiquen las provisionales, 
deberán acordarse mediante acto administrativo y notificarse al interesado en 
forma reglamentaria. 
Las Ordenanzas respectivas podrán determinar supuestos en que no se 
preceptiva la notificación expresa, siempre que la Administración Tributaria 
Municipal lo advierta por escrito al presentador de la declaración, documento o 
parte de alta. 
 
Artículo 69.-  
 
1. Las notificaciones defectuosas surtirán efecto a partir de la fecha en 
que el sujeto pasivo se dé expresamente notificado, interponga el recurso 
pertinente o efectúe el ingreso de la deuda tributaria. 
2. Surtirán efecto por el transcurso de seis meses las notificaciones 
practicadas personalmente a los sujetos pasivos que conteniendo el texto 
íntegro del acto hubieran omitido algún otro requisito, salvo que se haya hecho 
protesta formal dentro de ese plazo en solicitud de que la Administración 
rectifique la deficiencia 
 
TITULO III. RECAUDACIÓN 
Artículo 70.-  
 
1. Toda liquidación reglamentariamente notificada al sujeto pasivo 
constituye a éste en la obligación de satisfacer la deuda tributaria. 
 
2. La recaudación de los tributos podrá realizarse: 
 
a) En período voluntario 
b) Por vía de apremio. 
 
Artículo 71.-  
 
1. El plazo de ingreso voluntario de la deuda tributaria se contará 
desde: 
 
a) La notificación directa al sujeto pasivo de la liquidación cuando 
ésta se practica individualmente. 
b) La apertura del plazo recaudatorio cuando se trate de tributos 
de cobro periódico que son objeto de notificación colectiva. 
2.- Las deudas tributarias que deban pagarse mediante 
declaración-liquidación o autoliquidación deberán satisfacerse en los plazos y 
fecha que señalen las normas reguladoras de cada tributo. 
 

Artículo 72.- 
 
 1. Los obligados al pago harán efectivas sus deudas en período 
voluntario, dentro de los plazos siguientes: 
 
UNO. Las deudas resultantes de liquidaciones practicadas por la 
Administración deberán pagarse: 
a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde 
la fecha de notificación hasta el día 5 del mes siguiente o 
inmediato hábil posterior. 
b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, 
desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes 
siguiente o inmediato hábil posterior. 
c) Las correspondientes a tributos periódicos que son 
objeto de notificación colectiva, del 1 al 30 de Noviembre o 
inmediato hábil posterior, salvo disposición en contrario. 
Cuando las necesidades del servicio lo aconsejen, podrá 
notificarse dicho plazo por resolución del Acalde, siempre 
que el mismo no sea inferior a dos meses naturales. 
d) Las deudas resultantes de conciertos se ingresarán en 
los plazos determinados en los mismos.  
e) Las deudas no tributarias, en los plazos que determinen 
las normas o acuerdos con arreglo a las cuales tales 
deudas se exijan, y, en su defecto, en los plazos 
establecidos en los apartados a), b) o en el c), según los 
casos. 
DOS. Las deudas que deban satisfacerse mediante efectos 
timbrados, en el momento de la realización del hecho imponible. 
 
TRES. Las deudas liquidadas por el propio sujeto pasivo en las 
fechas o plazos que señalen las normas reguladoras de cada tributo. 
 
2. Las deudas no satisfechas en período voluntario se harán efectivas en 
vía de apremio. No obstante, en cuanto a los ingresos totales o parciales 
correspondientes a declaraciones, liquidaciones o autoliquidaciones, se estará  
lo dispuesto en los párrafos 5º y 6º del apartado 3 del artículo 22. 
3. Si se hubiese concedido aplazamiento o fraccionamiento de pago, se 
estará a lo establecido en el artículo 73. 
4. Transcurridos los plazos de ingreso en período voluntario sin haber 
hecho efectiva la deuda, se procederá a su exacción por vía de apremio con el 
recargo del 20 por 100 sobre el importe de la misma, las costas generadas y 
los intereses de demora que correspondan, no obstante en los supuestos 
previstos en los párrafos 6º y 7º, del artículo 22, apartado 3, se estará a lo en 
ellos establecido. 
5. Las suspensiones acordadas por órgano administrativo o judicial 
competente, suspenderán los plazos fijados en este artículo. Resuelto el 
recurso que dio lugar a la suspensión, si el acuerdo no anula la liquidación 
impugnada, deberá pagarse en el plazo voluntario que restaba en el momento 
de la suspensión. Tratándose de recursos administrativos, el plazo no será 
inferior a quince días hábiles y se computará a partir del día siguiente al de la 

notificación expresa de la denegación, con advertencia de haber quedado sin 
efecto la suspensión y de que de no realizar el ingreso en dicho período se 
procederá por la vía de apremio a la ejecución de la garantía constituida o, en 
defecto o insuficiencia de ésta, contra el patrimonio del deudor. 
 
Artículo 73.-  
 
1. El pago de las deudas tributarias y demás de derecho público podrá 
aplazarse o fraccionarse sólo en los casos y en la forma que se determina en la 
presente Ordenanza. 
2. De acuerdo con lo prevenido en el apartado 4 del artículo 6º del 
Reglamento General de Recaudación, la regulación que sobre aplazamientos y 
fraccionamientos de pago se contiene en la presente Ordenanza será, en todo 
caso, de aplicación preferente a la que sobre los mismos se dispone en el 
Reglamento General de Recaudación, que sólo será aplicable con carácter 
subsidiario. 
3. Los aplazamientos y fraccionamientos se concederán, graciable y 
discrecionalmente, por la Administración Municipal, previa petición de los 
obligados al pago, de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
1ª. Deudas aplazables: 
 
1. Podrá aplazarse el pago de las deudas a que se refiere el 
apartado 1 del presente artículo, previa petición de los obligados, cuando 
la situación de su tesorería, discrecionalmente apreciada por la 
Administración Municipal, les impida efectuar el pago de su débito en el 
plazo ordinario de ingreso en período voluntario. 
2. El fraccionamiento de pago, como modalidad de aplazamiento, 
se regirá por las normas aplicables a éste en lo no regulado 
especialmente. 
3. No se concederá fraccionamiento o aplazamiento de pago de 
las siguientes deudas: 
 
a) De las inferiores a 50.000 ptas. 
b) De las que se encuentres en período ejecutivo. 
c) De las de vencimiento periódico y notificación colectiva. 
d) De las suspendidas, a instancia de parte, cuando hubiere 
recaído sentencia firme desestimatoria. 
 
No obstante, en casos muy cualificados y excepcionales podrá 
acordarse graciable y discrecionalmente, a instancia de parte, el 
aplazamiento y fraccionamiento de cualquiera de las deudas que se 
encuentren en período ejecutivo, siempre que su cuantía sea superior a 
50.000 pts, y se cumplan los requisitos recogidos en la regla 2ª. 
4. El fraccionamiento se concederá, en su caso, por un período 
máximo de 18 meses, en plazos trimestrales. En el caso de 
aplazamientos, el plazo máximo no excederá de un año. 
5. El peticionario ofrecerá garantía en forma de aval solidario, 
acompañando compromiso expreso e irrevocable de entidades de 
depósito de formalizar el aval necesario si se concede el aplazamiento, o 

bien el ofrecimiento de otra garantía en los términos establecidos en la 
regla 2ª y la documentación acreditativa de las dificultades de tesorería a 
que se refiere la presente regla. 
 
2ª Garantías: 
 
 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61.3 de la Ley General 
Tributaria, será en todo caso requisito para la concesión de aplazamiento o 
fraccionamiento de pago, la prestación de algunas de las siguientes garantías: 
1.- Preferentemente se exigirá aval solidario de entidades de 
depósito. 
2.- Previa justificación bastante de la imposibilidad de presentar 
dicho aval podrá ofrecerse: 
 
a) Hipoteca mobiliaria o inmobiliaria. 
b) Prenda con o sin desplazamiento 
c) Cualquier otra que se estime suficiente por la Administración 
Municipal. 
 
 No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no se exigirá garantía 
cuando el peticionario sea una Entidad de Derecho Público que se encuentre 
exenta de su prestación por una disposición de rango legal. 
 
La garantía cubrirá el importe del principal y de los intereses de demora, 
más un 25 por 100 de la suma de ambas partidas. 
 
3ª Tramitación y resolución: 
 
1. Presentada la solicitud de aplazamiento, si concurriere algún 
defecto en la petición o en la documentación aportada, o se hubiere 
omitido la presentación del compromiso expreso e irrevocable de 
entidades de depósito de formalizar aval o el ofrecimiento de otra 
garantía en los términos de la regla 2ª o alguno de los documentos que 
hubieren de presentarse de acuerdo con el presente artículo, se 
concederá al interesado un plazo de 10 días para su subsanación con el 
apercibimiento de que si así no lo hiciere se procederá sin más trámite al 
archivo de la solicitud, que se tendrá por no presentada, con la 
consiguiente continuación del procedimiento recaudatorio. 
2. Si la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento y la 
documentación preceptiva a que se refiere este artículo no presentasen 
defectos u omisiones, o si éstos hubieren sido subsanados en plazo, se 
procederá, previos los trámites oportunos, a dictar resolución expresa, 
sin que proceda expedir certificación de descubierto, aún cuando haya 
transcurrido el plazo de pago en período voluntario, hasta tanto no haya 
sido resuelta la petición. 
3. La resolución se notificará con las siguientes prevenciones: 
 
a) Si fuese aprobatoria, deberá aportarse la garantía en el 
plazo de treinta días siguientes al de la notificación del acuerdo de 
concesión, que estará condicionado a su prestación; incluirá el 

cálculo de los intereses de demora y advertirá de los eventos que 
se producirán en caso de falta de pago, conforme a lo dispuesto 
en la regla 5ª del presente artículo; y que transcurrido el citado 
plazo sin formalizar la garantía se expedirá inmediatamente 
certificación de descubierto por la totalidad de débito no 
ingresado. El vencimiento de los plazos llevará con carácter 
general, fecha del 5 o 20 del mes a que se refiere y el primero de 
ellos se señalará de forma que antes de su vencimiento pueda 
formalizar la correspondiente garantía. 
En las deudas a ingresar mediante declaración-liquidación 
o 
autoliquidación, 
cuya 
solicitud 
de 
aplazamiento 
o 
fraccionamiento haya sido presentada con posterioridad al 
vencimiento del período voluntario de ingreso, el acuerdo de 
concesión, que aprobará la liquidación definitiva con el recargo del 
10 o 50 por 100, a que se refiere el artículo 61.2 de la Ley General 
Tributaria, deberá prevenir que el principal a garantizar será el 
importe de la totalidad de la deuda aprobada y que, caso de no 
formalizar la correspondiente garantía habrá de efectuarse el 
pago en los plazos reglamentarios. 
b) Si fuese denegatoria, con la advertencia de que la deuda 
deberá pagarse dentro del plazo que reste de período voluntario. 
Sin no restase plazo, que deberá pagarse, junto con los intereses 
devengados hasta la fecha de la resolución denegatoria antes del 
día 5 ó 20 del mes siguiente, según que dicha resolución se haya 
notificado en la 1ª o 2ª quincena.  
En el supuesto a que se refiere el último párrafo de la letra a) 
precedente, el acuerdo de denegación aprobada la liquidación definitiva con el 
recargo que corresponda, cuyo pago deberá hacerse efectivo en los plazos 
reglamentarios. 
 
4ª. Intereses: 
 
Las cantidades cuyo pago se aplace o fraccione devengarán el interés 
de demora a que se refieren los artículos 58.2b) de la Ley General Tributaria y 
36 de la Ley General Presupuestaria, según se trate de deudas tributarias o no 
tributarias, respectivamente. 
En el caso de concesión de aplazamiento, los intereses se calcularán 
sobre la deuda, computándose el tiempo desde el vencimiento del período 
voluntario hasta el vencimiento del plazo de ingreso concedido para cada 
fracción. Los intereses devengados por cada fracción deberán pagarse junto 
con dicha fracción en el plazo de ingreso de ésta. 
En el supuesto recogido en el último párrafo de la letra a) del artículo 
73.3.3ª.3 el interés de demora se computará desde la fecha de presentación de 
la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento. 
 
5ª. Efectos de la falta de pago: 
 
1. En los aplazamientos, si llegado el vencimiento del plazo 
concedido no se efectuara el pago se expedirá certificación de 
descubierto que incluirá la deuda aplazada, los intereses devengados y 

el recargo de apremio para su exacción por la vía de apremio. De no 
efectuarse el pago se procederá a ejecutar la garantía para satisfacer las 
cantidades antes mencionadas y, en caso de insuficiencia de ésta, se 
seguirá el procedimiento de apremio para la ejecución del débito 
pendiente. 
2. En los fraccionamientos, si llegado el vencimiento de cualquiera 
de los plazos no se efectuara el pago se considerarán vencidas las 
fracciones pendientes exigiéndose la totalidad de la deuda pendiente por 
el procedimiento de apremio. De no pagarse la certificación de 
descubierto expedida, se seguirá el procedimiento de apremio por toda 
la deuda pendiente, con ejecución de la garantía y demás medios de 
ejecución forzosa. 
 
Artículo 74.-  
 
1. La gestión recaudatoria de los tributos del Municipio de Breña Baja se 
desarrollará bajo la autoridad de los órganos directivos competentes por: 
a) Las Cajas Municipales 
b) Los Servicios de Recaudación 
c) El Recaudador Ejecutivo Municipal, asistido por la Empresa de 
Recaudación del Ayuntamiento. 
d) Los demás órganos que tenga atribuida o se les atribuya ésta 
función. 
2. Son colaboradores del servicio de recaudación los Bancos o Cajas de 
Ahorro autorizados para la apertura de cuentas restringidas de recaudación. 
3. Los pagos de tributos periódicos que sean objeto de notificación 
colectiva deberán hacerse efectivos en cualquiera de los Bancos o Cajas de 
Ahorro autorizados o en las Cajas Municipales competentes. 
4. Los pagos procedentes de liquidaciones individuales notificadas, así 
como los que resulten de declaraciones liquidaciones formuladas por los 
propios sujetos pasivos, se harán efectivos en las cajas municipales 
competentes o, para los ingresos en que así se indique en los Bancos o Cajas 
de Ahorro autorizados. 
 
Artículo 75.- 
 
 1. El pago de las deudas habrá de realizarse en efectivo o mediante el 
empleo de efectos timbrados según disponga la Ordenanza de cada tributo. 
2. El pago en efectivo podrá realizarse mediante los siguientes medios: 
a) Dinero de curso legal. 
b) Cheques expedidos por Entidades de Crédito contra sus 
propias cuentas. 
c) Cheques de cuentas corrientes bancarias o de Cajas de 
Ahorro. 
d) Transferencia bancaria o de Cajas de Ahorro. 
e) Giro Postal 
f) Cualquier otro que sea autorizado por el Ayuntamiento. 
3. Todas las deudas que hayan de satisfacerse en efectivo podrán 
pagarse con dinero de curso legal, cualquiera que sea el órgano o la entidad 

que haya de percibir el pago, el período de recaudación en que se efectúe y la 
cuantía de la deuda. 
4. Los contribuyentes podrán utilizar cheques bancarios o de Cajas de 
Ahorro, para efectuar sus ingresos en efectivo en las Cajas del Ayuntamiento. 
El importe del cheque podrá contraerse a un débito o comprender varios 
ingresos que se efectúen de forma simultánea. Su entrega sólo liberará al 
deudor cuando hubiesen sido realizados. 
5. Los cheques de cuenta corriente bancaria o de Caja de Ahorros que 
con tal fin se expidan deberán reunir, además de los requisitos generales 
exigidos por la legislación mercantil, los siguientes: 
a) Ser nominativos a favor del Ayuntamiento de Breña Baja, por 
un importe igual a la deuda o deudas que se satisfagan con ellos. 
b) Estar librados contra Banco o Caja de Ahorros de la plaza. 
c) Estar fechados en el mismo día o en los dos días anteriores a 
aquél en que se efectúe su entrega. 
d) Certificados o conformes por la Entidad librada. 
e) El nombre del firmante, que se expresará debajo de la firma 
con toda claridad. Cuando se extienda por apoderado figurará en 
la antefirma en nombre completo del titular de la cuenta corriente. 
Los ingresos efectuados por medio de cheque, atendidos por la Entidad 
librada, se entenderán realizados en el día en que aquéllos hayan tenido 
entrada en la Caja correspondiente. 
6. Cuando así se indique en la notificación, los pagos en efectivo que 
hayan de realizarse en las Cajas Municipales, podrán efectuarse mediante 
transferencia bancaria. El mandato de la transferencia será por importe igual de 
la deuda; habrá de expresar el concepto tributario concreto a que el ingreso 
corresponda, y contener el pertinente detalle cuando el ingreso se refiera y 
haya de aplicarse a varios conceptos. Simultáneamente al mandato de 
transferencia 
los 
contribuyentes 
cursarán 
al 
órgano 
recaudador 
las 
declaraciones a que el mismo corresponda y las cédulas de notificación 
expresando la fecha de la transferencia, su importe y el Banco o Caja de 
Ahorros utilizado en la operación. Los ingresos efectuados mediante 
transferencia se entenderán efectuados en la fecha que tengan entrada en las 
Cuentas Municipales. 
7. Cuando así se indique en la notificación, los pagos en efectivo de las 
deudas tributarias que hayan de realizarse en las Cajas Municipales podrán 
efectuarse 
mediante 
giro 
postal. 
Los 
sujetos 
pasivos 
consignarán, 
sucintamente, en el "talón para el destinatario" que integra el impreso de 
imposición los datos referentes al remitente y domicilio, sujeto pasivo, tributo o 
exacción de que se trate, período impositivo, número de recibo o liquidación, 
objeto tributario y, en su caso, situación del mismo. Sin perjuicio de lo anterior, 
al mismo tiempo de imponer el giro, cursarán el ejemplar de la declaración o 
notificación, según los casos, el Ayuntamiento de Breña Baja, consignando en 
dicho ejemplar la Oficina de Correos o estafeta en que se haya impuesto el 
giro, fecha de imposición y número que aquélla le haya asignado. Los ingresos 
por este medio se entenderán a todos los efectos realizados en el día en que el 
giro se haya impuesto. 
8. Los ingresos se realizarán de lunes a viernes, excepto los días no 
laborables. Los vencimientos que coincidan con un sábado quedan trasladados 
al primer día hábil siguiente. 

 
Artículo 76.-  
 
El pago de los tributos periódicos que son objeto de notificación colectiva 
podrá realizarse mediante domiciliación en establecimientos bancarios o Cajas 
de Ahorro, ajustándose a las condiciones que se detallan a continuación: 
1ª. Solicitud a la Administración Municipal 
2ª. Las domiciliaciones de pago tendrán validez por tiempo 
indefinido, pudiendo los sujetos pasivos en cualquier momento anularlas. 
Asimismo podrán trasladarlas a otros establecimientos, poniéndolo en 
conocimiento de la Administración Municipal dentro del plazo a que se 
refiere el apartado siguiente. 
3ª. El Ayuntamiento establecerá, en cada momento, la fecha límite 
para la admisión de solicitudes de domiciliación y traslado y el período a 
partir del cual surtirán efecto. 
 
Artículo 77.- 
 
 1. El que pague una deuda tendrá derecho a que se le entregue un 
justificante del pago realizado. Los justificantes del pago en efectivo serán: 
a) Los recibos 
b) Las cartas de pago 
c) Los justificantes debidamente diligenciados por los Bancos y 
Cajas de Ahorro autorizados. 
d) Los efectos timbrados. 
e) Cualquier otro documento al que se otorgue expresamente por 
el Ayuntamiento el carácter de justificante de pago. 
f) las certificaciones de cualquiera de los anteriores. 
2. El pago de las deudas tributarias solamente se justificará mediante la 
exhibición del documento que, de los enumerados anteriormente proceda. 
3. Los justificantes de pago en efectivo deberán indicar, al menos, las 
siguientes circunstancias: 
- Nombre y apellidos, razón social o denominación y N.I.F., si 
consta, del deudor. 
- Domicilio. 
- Concepto y período a que se refiere. 
- Importe de la deuda. 
- Fecha de cobro. 
- Órgano, persona o entidad que lo expide. 
 
4. Cuando los justificantes de pago se extiendan por medios mecánicos, 
las circunstancias anteriormente mencionadas podrán expresarse en clave o 
abreviatura suficientemente indentificadoras en su conjunto del deudor y de la 
deuda satisfecha a que se refieran. 
 
 
 
 
 
 

Artículo 78.-  
 
1. El período ejecutivo y el procedimiento administrativo de apremio se 
inician para las liquidaciones previamente notificadas, no ingresadas a su 
vencimiento, el día siguiente a la finalización del plazo de ingreso voluntario. 
2. Para las deudas a ingresar mediante declaración, liquidación o 
autoliquidación se estará a lo dispuesto en los párrafos 5º, 6º y 7º del apartado 
3 del artículo 22 de esta Ordenanza. 
3. Tendrán el carácter de títulos acreditativos del crédito a efectos de 
despachar la ejecución por la vía de apremio, las certificaciones de 
descubierto, individuales o colectivas, expedidas por el Interventor General a 
propuesta de la Tesorería. 
4. Estos títulos tendrán la misma fuerza ejecutiva que la sentencia 
judicial para proceder contra los bienes y derechos de los deudores. 
 
Artículo 79.-  
 
1. La providencia de apremio es el acto del Tesorero municipal que 
despacha la ejecución contra el patrimonio del deudor. La providencia ordenará 
la ejecución forzosa sobre los bienes y derechos del deudor. 
2. Sólo cabrá impugnación del procedimiento de apremio por: 
 
a) Prescripción. 
b) Anulación, suspensión o falta de notificación reglamentaria de 
la liquidación. 
c) Pago o aplazamiento en período voluntario. 
d) Defecto formal en el título expedido para la ejecución. 
 
Se entiende por defecto formal la omisión o error en los datos del título 
que impidan la identificación del deudor o de la deuda apremiada, la falta o 
error sustancial de la liquidación del recargo de apremio y la falta de indicación 
de haber finalizado el período voluntario. 
3. La falta de providencia de apremio podrá ser motivo de impugnación 
de las actuaciones ejecutivas sobre el patrimonio del deudor. 
 
Artículo 80.-  
 
1. El procedimiento de apremio se llevará a cabo de la forma regulada 
en el Reglamento General de Recaudación, con las siguientes particularidades: 
 
- Intereses de demora: De conformidad con lo prevenido en el 
artículo 109.4-b) del Reglamento General de Recaudación, el interés de 
demora devengado en período ejecutivo será exigible y deberá ser 
abonado en el momento del pago de la deuda apremiada, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 22.3 párrafo 2º de esta Ordenanza. 
- Anulación de deudas: Conforme se autoriza en el artículo 41.3 
de la Ley General Presupuestaria, se anularán y serán baja en 
contabilidad de las deudas integradas en un expediente ejecutivo cuyo 
importe total, excluido el recargo de apremio, no exceda de 5.000 
pesetas, siempre que se acredite que no se puede compensar la deuda, 

bien por no existir créditos reconocidos por acto administrativo firme de 
la Hacienda municipal a favor del mismo sujeto pasivo, bien por estar 
endosado el crédito a favor de un tercero con conocimiento del Servicio 
de Contabilidad municipal. Será, asimismo, preciso probar que el deudor 
ha resultado desconocido en el domicilio que figura en el título ejecutivo 
correspondiente o en cualquier otro domicilio del que tuviere 
conocimiento la recaudación municipal. 
- Créditos incobrables: En base a lo dispuesto en el artículo 163 y 
siguientes del Reglamento General de Recaudación, cuando la 
imposibilidad de cobrar se produzca por desconocerse el paradero del 
deudor, se consultará la información sobre el mismo obrante en la 
Administración Tributaria Municipal o a la cual tenga acceso la 
Recaudación municipal. De todo ello se dejará constancia en el 
expediente. Cumplimentado el trámite, se remitirá a la Tesorería para 
que acuerde proponerlos como fallidos o, en su defecto, mande 
subsanar los defectos que observe. 
La inexistencia de bienes embargables de deudores cuyo 
domicilio sea conocido se justificará en el expediente de apremio, a 
través de las correspondientes diligencias negativas de embargo de los 
bienes a que se refiere el artículo 115.1 del Reglamento General de 
Recaudación. Asimismo, se acreditará la solicitud de información de 
cuentas del deudor en Entidades de depósito y la inexistencia de las 
mismas, o en su defecto, las diligencias negativas de embargo 
practicadas en dichas cuentas.  
En los expedientes superiores a 100.000 pesetas, será preciso 
adjuntar la información centralizada existente en el Registro de la 
Propiedad sobre titularidades registrales a nombre del deudor.  
En todo caso, será necesario acreditar que tampoco se puede 
compensar la deuda, bien por no existir créditos reconocidos por acto 
administrativo firme de la Hacienda municipal a favor del sujeto pasivo, 
bien por estar endosado el crédito a un tercer con conocimiento del 
servicio de Contabilidad municipal. 
- Costas: Además de las enumeradas en el artículo 153 del 
Reglamento General de Recaudación, tendrán la consideración de 
costas 
del 
expediente 
por 
ser 
gastos 
que 
imprescindible 
y 
concretamente exige y requiere la tramitación del procedimiento: 
 
a) Las notificaciones que deben publicarse, por exigirlo un 
precepto reglamentario, en el Boletín Oficial de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 
b) Los anuncios de subasta o concurso en los medios a 
que hacer referencia el artículo 146.5 del Reglamento 
General de Recaudación. 
c) Los gastos de franqueo según la tarifa del Servicio de 
Correos. 
 
- Valoraciones: En relación a lo dispuesto en el artículo 139 del 
Reglamento General de Recaudación, debe entenderse: 
Si la diferencia entre las sumas de los valores asignados a los 
bienes por la Administración y el obligado al pago excediesen del 20 por 

100, se emplazará al deudor para que se persone en la sede de la 
Recaudación en el plazo de 10 días hábiles para dirimir la diferencia de 
valoración y, si se logar acuerdo, se considerará como valor del bien 
embargado el alcanzado en dicho acuerdo. 
Al interesado que no se persone en dicho plazo se le declarará 
decaído en su derecho al referido trámite y por no existir acuerdo entre 
las partes, el Recaudador solicitará nueva valoración por periodo 
adecuado, tal como se establece en el artículo 139.4 del Reglamento 
General de Recaudación. 
- Mesa de subasta: La mesa de subasta estará compuesta por el 
Tesorero municipal, que será el Presidente, por el Interventor General, 
por el Recaudador municipal y por un funcionario que a tal efecto 
designe el Alcalde o Concejal en quien delegue, que actuará como 
Secretario. Todos podrán ser sustituidos. 
 
Artículo 81.-  
 
1. La interposición de cualquier recurso o reclamación no producirá la 
suspensión del procedimiento de apremio, a menos que se garantice el pago 
de los débitos perseguidos o se consigne su importe, en ambos casos, a 
disposición de la Alcaldía, en la Caja Municipal o en la General de Depósitos. 
La garantía a prestar será por aval solidario de Banco o Caja de Ahorros, 
por tiempo indefinido y por cantidad que cubra el importe de la deuda inicial 
certificada de apremio y un 25 por 100 de ésta para cubrir el recargo de 
apremio y costas del procedimiento, salvo para las deudas a que se refiere el 
párrafo 7 del número 3 del artículo 22 de esta Ordenanza en las que el aval 
debe cubrir el importe de la deuda inicial, certificada de apremio, y un 105 por 
100. 
2. Podrá suspenderse el procedimiento de apremio, sin necesidad de 
prestar garantía o efectuar consignación, cuando la Administración aprecie que 
ha existido en perjuicio del contribuyente que lo instare, error material, 
aritmético o de hecho en la determinación de la deuda que se exige. 
 
Artículo 82.  
 
Contra la pertinencia del procedimiento de apremio y contra los actos y 
resoluciones dictados en materia de gestión recaudatoria, que no pongan fin a 
la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Alcalde-
Presidente, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de 
recepción de la notificación. 
Transcurridos tres meses desde la interposición del recurso sin que se 
notifique su resolución, se entenderá desestimado. 
 Contra la resolución expresa o presunta procederá directamente el 
recurso contencioso administrativo, en el plazo y con los requisitos señalados  l 
efecto en la legislación común. 
 
 
 
 
 

TITULO IV. INSPECCION 
Artículo 83.-  
 
Correspondiente a la Inspección de Tributos: 
 
a) La investigación de los hechos imponibles para el 
descubrimiento de los que sean ignorados por la Administración. 
b) La integración definitiva de las bases tributarias mediante las 
actuaciones de comprobación en los supuestos de estimación directa y 
objetiva 
singular 
y 
a 
través 
de 
las 
actuaciones 
inspectoras 
correspondientes a la estimación indirecta. 
c) Practicar las liquidaciones tributarias resultantes de las 
actuaciones de comprobación e investigación. 
d) Realizar, por propia iniciativa o a solicitud de los demás 
órganos de la Administración, aquellas actuaciones inquisitivas o de 
información que deban llevarse a efecto cerca de los particulares o de 
otros organismos, y que directa o indirectamente conduzcan a la 
aplicación de los tributos. 
 
Artículo 84.-  
 
1. Los Inspectores de los tributos podrán entrar en las fincas, locales de 
negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades 
o 
explotaciones 
sometidas 
a 
gravamen 
para 
ejercer 
funciones 
de 
comprobación e investigación. 
2. Cuando el dueño o persona bajo cuya custodia se encuentre la finca o 
edificio, se opusieren a la entrada de la inspección, sin perjuicio en todo caso 
de la adopción de las medidas cautelares que procedan, no podrán llevarse a 
cabo reconocimiento alguno sin la previa autorización escrita de la Alcaldía-
Presidencia; cuando se refiera al domicilio particular de cualquier español o 
extranjero o al domicilio social de una persona jurídica, será preciso la 
obtención del oportuno mandamiento judicial, sino mediare consentimiento 
expreso del interesado o del representante. 
 
Artículo 85.-  
 
1. Los libros y la documentación del sujeto pasivo que tengan relación 
con el hecho imponible, deberán ser examinados por los Inspectores de los 
tributos en la vivienda, local, escritorio, despacho u oficina de aquél en su 
presencia o en la de la persona que designe. 
2. Tratándose de registros y documentos establecidos por normas de 
carácter tributario o de justificantes exigidos por éstas, podrá requerirse su 
presentación en las oficinas de la Administración Municipal para su examen. 
 
Artículo 86.-  
 
Las actuaciones de comprobación e investigación podrán desarrollarse 
indistintamente: 
 

a) En el lugar donde el sujeto pasivo tenga su domicilio tributario o en el 
del representante que a tal efecto hubiere designado. 
b) En donde se realicen total o parcialmente las actividades gravadas. 
c) Donde exista alguna prueba, al menos parcial, del hecho imponible. 
d) En las oficinas públicas a que se refiere el apartado 2 del artículo 145 
de la Ley General Tributaria cuando los elementos sobre los que hayan 
de realizarse puedan ser examinados en dicho lugar. 
 
Artículo 87.-  
 
Las actuaciones de la Inspección de los Tributos se documentarán en: 
 
a) Diligencias. 
b) Comunicaciones. 
c) Informes 
d) Actas previas o definitivas. 
 
Artículo 88.- Diligencias. 
 
1. Son diligencias los documentos que extienden la Inspección de 
Tributos, en el curso del procedimiento inspector, para hacer constar 
cuantos hechos o circunstancias con relevancia para el servicio se 
produzcan en aquél, así como las manifestaciones de la persona o 
personas con las que actúa la Inspección. 
2. Las diligencias recogerán asimismo, los resultados de las 
actuaciones de la Inspección de los Tributos a que se refiere la letra d) 
del artículo 83 de esta Ordenanza. 
3. Las diligencias son documentos preparatorios de las actas 
previas y definitivas, que no contienen propuestas de liquidación 
tributarias. 
4. En particular, deberán constar en diligencias: 
 
a) Los hechos o circunstancias determinantes de la 
aplicación del régimen de estimación indirecta de las bases 
imponibles. 
b) Las acciones u omisiones constitutivas de infracciones 
tributarias simples, a efectos de su sanción por los órganos 
competentes. 
c) Los elementos de los hechos imponibles o de su 
valoración, que, no debiendo de momento generar 
liquidación tributaria alguna, sea conveniente documentar 
para 
su 
incorporación 
al 
respectivo 
expediente 
administrativo. 
5. En las diligencias también se hará constar el lugar y la fecha de 
su expedición así como la dependencia, oficina, despacho o domicilio 
donde se extienda; la identificación de los funcionarios de la Inspección 
de Tributos que suscriban la diligencia; el nombre y apellido, número de 
Documento Nacional de Identidad y la firma, en su caso, de la persona 
con la que se entiendan las actuaciones, así como el carácter o 
representación con que interviene; la identidad del obligado tributario a 

que se refieran las actuaciones, y, finalmente, los propios hechos o 
circunstancias que constituyen el contenido propio de la diligencia. 
6. De las diligencias que se extiendan se entregará siempre un 
ejemplar a la persona con la que se entiendan las actuaciones. Si se 
negase a recibirlo, se le remitirá por cualquiera de los medios admitidos 
en Derecho. 
Cuando dicha persona se negase a firmar la diligencia, o no 
pudiese o no supiese hacerlo, se hará constar así en la misma, sin 
perjuicio de la entrega del duplicado correspondiente en los términos 
previstos en el párrafo anterior.  
Cuando la naturaleza de las actuaciones inspectoras cuyo 
resultado se refleje en una diligencia, no requiera la presencia de una 
persona con la que se entiendan tales actuaciones, la diligencia será 
firmada únicamente por los actuarios y se remitirá un ejemplar de la 
misma al interesado con arreglo a Derecho. 
 
Artículo 89.- Comunicaciones. 
 
1. Son comunicaciones los medios documentales mediante los cuales la 
Inspección de Tributos se relaciona unilateralmente con cualquier persona en el 
ejercicio de sus funciones. 
2. En las comunicaciones, la Inspección de los Tributos podrá poner 
hechos o circunstancias en conocimiento de los interesados, así como efectuar 
a éstos los requerimientos que proceda. 
Las comunicaciones podrán incorporarse al contenido de las diligencias 
que se extiendan. 
3. Las comunicaciones, una vez firmadas por la Inspección, se 
notificarán a los interesados en la forma señalada en el artículo 80 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo. 
4. En las comunicaciones se hará constar el lugar y la fecha de su 
expedición, la identidad de la persona o entidad y el lugar a los que se dirige, la 
identificación y la firma de quien las remita, y los hechos o circunstancias que 
se comunican o el contenido del requerimiento que a través de la comunicación 
se efectúa. 
5. Las comunicaciones se extenderán por duplicado, conservando la 
Inspección un ejemplar. 
 
Artículo 90.- Informes. 
 
1. La Inspección de Tributos, emitirá de oficio o a petición de terceros, 
los informes que: 
a) Sean preceptivos, conforme al ordenamiento jurídico. 
b) Le soliciten otros órganos y servicios de la Administración o los 
Poderes Legislativo y Judicial en los términos previstos en las 
Leyes. 
c) Resulten necesarios para la aplicación de los tributos, en cuyo 
caso se fundamentará la conveniencia de emitirlos. 
2. Cuando los informes de la Inspección complementen las actas previas 
o definitivas extendidas por ella, recogerán especialmente el conjunto de 

hechos y los fundamentos de derecho que sustenten la propuesta de 
regularización contenida en el acta. 
 
Artículo 91.- Actas de Inspección. 
 
1. Son actas aquellos documentos que extiende la Inspección de los 
Tributos con fin de recoger los resultados de sus actuaciones de comprobación 
e investigación, proponiendo, en todo caso, la regularización que estime 
procedente de la situación tributaria del sujeto pasivo o retenedor o bien 
declarando correcta la misma. 
Las actas son documentos directamente preparatorios de las 
liquidaciones tributarias derivadas de las actuaciones inspectoras de 
comprobación e investigación, incorporando una propuesta de tales 
liquidaciones. 
2. En las actas de Inspección que documenten el resultado de sus 
actuaciones se consignarán: 
a) El lugar y la fecha de su formalización. 
b) La identificación personal de los actuarios que la suscriben. 
c) El nombre y apellidos, número del Documento Nacional de 
Identidad y la firma de la persona con la que se entienden las 
actuaciones y el carácter o representación con el que interviene 
en las mismas, así como, en cualquier caso, el nombre y apellidos 
o la razón o denominación social completa, el Número de 
Identificación Fiscal y el domicilio tributario del interesado. 
d) Los elementos esenciales del hecho imponible y de su 
atribución al sujeto pasivo o retenedor, con expresión de los 
hechos y circunstancias con trascendencia tributaria que hayan 
resultado de las actuaciones inspectoras o referencia de las 
diligencias donde se hayan hecho constar. 
e) En su caso, la regularización que los actuarios estimen 
procedente de las situaciones tributarias, con expresión, cuando 
proceda, de las infracciones que aprecien, incluyendo los 
intereses de demora y las sanciones pecuniarias aplicables, con 
especificación de los criterios para su graduación, y determinando 
la deuda tributaria debida por el sujeto pasivo, retenedor o 
responsable solidario. 
f) La conformidad o disconformidad del sujeto pasivo, retenedor o 
responsable tributario. 
g) La expresión de los trámites inmediatos del procedimiento 
incoado como consecuencia del acta y, cuando el acta sea de 
conformidad, de los recursos que procedan contra el acta de 
liquidación derivado de aquélla, órgano ante el que hubieran de 
presentarse y plazo para interponerlos. 
3. La Inspección podrá determinar que las actas a que se refiere el 
apartado anterior sean extendidas, bien en la oficina, local o negocio, despacho 
o vivienda del sujeto pasivo; bien en las oficinas de la propia Inspección o 
cualquier otra de la Administración Tributaria Municipal. 
4. Las actas y diligencias extendidas por la Inspección de los Tributos 
tienen naturaleza de documentos públicos y hacen prueba de los hechos que 
motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario. 

5. En las actas se propondrá la regularización de las sanciones 
tributarias que se estime procedente, con expresión de las infracciones 
apreciadas, incluyendo, cuando procedan, los intereses de demora y la sanción 
aplicables. 
 
Artículo 92.- Actas sin descubrimiento de cuota 
 
1. Si la Inspección estimase correcta la situación tributaria del sujeto 
pasivo lo hará constar en acta, en la que detallará los conceptos y períodos a 
que la conformidad se extiende. Dicha acta se denominará acta de 
comprobación y conforme. 
2. Igualmente se extenderá acta cuando la regularización que estime 
procedente la Inspección de la situación tributaria de un sujeto pasivo no 
resulte deuda tributaria alguna a favor del Tesoro. En todo caso, se hará 
constar la conformidad o disconformidad del sujeto pasivo. 
 
Artículo 93.- Actas de conformidad. 
 
Cuando el sujeto pasivo preste su conformidad a la propuesta de 
liquidación derivada del acta de inspección, ésta lo hará constar así en ella 
entregándoles un ejemplar una vez firmada por ambas partes. El sujeto pasivo 
se tendrá por notificado de su contenido, entendiéndose que la conformidad se 
extiende no sólo a los hechos recogidos en el acta, sino también a los 
elementos determinantes de las bases tributarias.  
Asimismo, el sujeto pasivo habrá de ingresar el importe de la deuda 
tributaria bajo apercibimiento de su exacción por vía de apremio en caso de 
falta de pago en los plazos previstos en el artículo 72 de esta Ordenanza, 
contados a partir del día siguiente a aquél en que el acta sea firme. 
 
Artículo 94.- Actas de disconformidad. 
 
1. Cuando el sujeto pasivo no suscriba el acta o, suscribiéndola no 
preste su conformidad a la propuesta de regularización contenida en la misma, 
se incoará el oportuno expediente administrativo, quedando el sujeto pasivo 
advertido, en el ejemplar que se le entregue, de su derecho a presentar las 
alegaciones que considere oportunas dentro del plazo de quince días 
siguientes al séptimo posterior a la fecha en que se haya extendido el acta o a 
su recepción. 
2. Si la persona con la cual se realizan las actuaciones se negase a 
firma el acta, el Inspector lo hará constar en ella, así como la mención de que le 
entrega un ejemplar duplicado. Si dicha persona se negase a recibir el 
duplicado del acta, el Inspector lo hará constar igualmente y, en tal caso, el 
correspondiente ejemplar le será enviado al sujeto pasivo, en los tres días 
siguientes, por alguno de los medios previstos en las disposiciones vigentes. 
3. En las actas de disconformidad se expresarán con el detalle que sea 
preciso los hechos y sucintamente, los fundamentos de derecho en los que se 
base la propuesta de regularización, sin perjuicio de que el informe ampliatorio, 
que posteriormente ha de hacer el actuario, se desarrollen dichos fundamentos. 
También se recogerá en el cuerpo del acta expresamente la disconformidad del 

sujeto pasivo, sin perjuicio de su derecho a formular en el momento oportuno 
cuantas alegaciones estime convenientes. 
 
Artículo 95.- Actas de prueba preconstituida 
 
1. Cuanto exista prueba preconstituida del hecho imponible, podrá 
extenderse acta sin la presencia del sujeto pasivo o su representante. En el 
acta se expresará con el detalle necesario, en qué consiste tal prueba y a la 
misma se acompañará, en todo caso, informe del actuario. 
 
2. El acta y el informe, así como la iniciación del correspondiente 
expediente, se notificarán al sujeto pasivo, quien en el plazo de quince días 
podrá alegar cuanto convenga a su derecho y, en particular, lo que estime 
oportuno acerca de los posibles errores o inexactitud de dicha prueba y sobre 
la propuesta de liquidación contenida en el acta, o bien expresar su 
conformidad sobre una o ambas cuestiones. 
 
3. A la vista del acta y el informe de las alegaciones que en su caso haya 
formulado el sujeto pasivo, se dictará el acto administrativo que corresponda, 
notificándolo reglamentariamente al sujeto pasivo. 
 
4. Contra el acto administrativo a que se refiere el apartado anterior, el 
sujeto pasivo podrá interponer recurso de reposición, aunque no hubiera 
formulado alegaciones al expediente de prueba preconstituida. 
 
Artículo 96.- Actas previas. 
 
1. Las actas previas darán lugar a liquidaciones de carácter provisional, 
a efectuar por los órganos competentes. 
2. Procederá la incoación de un acta previa: 
a) Cuando el sujeto pasivo acepte parcialmente la propuesta de 
regularización de su situación tributaria efectuada por la 
Inspección de los Tributos. En este caso, se incorporarán al acta 
previa los conceptos y elementos de la propuesta respecto de los 
cuales el sujeto pasivo exprese su conformidad, teniendo la 
liquidación resultante naturaleza de "a cuenta" de la que, en 
definitiva, se practique: 
b) Cuando la Inspección no haya podido ultimar la comprobación 
o investigación de los hechos o bases imponibles y sea necesario 
suspender las actuaciones, siendo posible la liquidación 
provisional. 
c) En cualquier otro supuesto de hecho que se considere análogo 
a los anteriormente descritos. 
3. Cuando la Inspección extienda un acta con el carácter de previa 
deberá 
hacerlo 
constar 
expresamente, 
señalando 
las 
circunstancias 
determinantes de su incoación. 
 
 
 
 

Artículo 97.- Tramitación de las Actas de Inspección. 
 
1. Cuando se trate de actas de conformidad, se entenderá producida la 
liquidación tributaria de acuerdo con la propuesta formulada en el acta si, 
transcurrido el plazo de un mes desde la fecha de ésta, no se ha notificado al 
interesado acuerdo del Órgano competente, por el cual se dicta acto de 
liquidación rectificando los errores materiales apreciados en la propuesta 
formulada en el acta se inicia el expediente administrativo a que se refiere el 
apartado siguiente, o bien se deja sin eficacia el acta incoada y se ordena 
completar las actuaciones practicas durante un plano no superior a tres meses. 
En 
este 
último 
supuesto, 
el 
resultado 
de 
las 
actuaciones 
complementarias se documentará en acta, la cual se tramitará con arreglo a su 
naturaleza. 
2. Si en la propuesta de liquidación formulada en el acta se observase 
error de la apreciación de los hechos en que se funda o indebida aplicación de 
las normas jurídicas, el Órgano competente acordará de forma motivada la 
iniciación del correspondiente expediente administrativo, notificando al 
interesado dentro del plazo de un mes a que se refiere el apartado anterior. 
El interesado podrá formular las alegaciones que estime convenientes, 
dentro de los quince días siguientes a la notificación del acuerdo adoptado. 
Transcurrido el plazo de alegaciones, en los quince días siguientes se 
dictará la liquidación que corresponda. 
3. Cuando el acta sea de disconformidad, la Administración Municipal, a 
la vista del acta y su informe y de las alegaciones formuladas, en su caso, por 
el interesado, dictará el acto administrativo que corresponda dentro del mes 
siguiente al término del plazo para formular alegaciones. 
Asimismo, dentro del mismo plazo para resolver, podrá acordarse que se 
complete el expediente en cualquiera de sus extremos, practicándose por la 
Inspección las actuaciones que procedan en un lazo no superior a tres meses.  
En este caso, el acuerdo adoptado se notificará al interesado e 
interrumpirá el cómputo del plazo para resolver. Terminadas las actuaciones 
complementarias, se documentarán según proceda a tenor de sus resultados.  
Si se incoase acta, ésta sustituirá en todos sus extremos a la 
anteriormente formalizada y se tramitará según proceda; en otro caso, se 
pondrá de nuevo el expediente completo de manifiesto al interesado por un 
plazo de quince días, resolviendo la Administración dentro del mes siguiente. 
4. Cuando el acta sea de prueba preconstituida, se dictará el acto 
administrativo que proceda dentro del mes siguiente al término del plazo para 
formular alegaciones. 
5. Las liquidaciones tributarias producidas conforme a la propuesta 
contenida en un acta de conformidad y los demás actos de liquidación dictados 
a consecuencia de actuación inspectora, serán reclamables en reposición. 
No podrán impugnarse las actas de conformidad, sino únicamente las 
liquidaciones tributarias, definitivas o provisionales, resultantes de aquéllas. 
En ningún caso podrán impugnarse por el obligado tributario hechos y 
los elementos determinantes de las bases tributarias respecto de los que dio su 
conformidad, salvo que pruebe haber incurrido en error de hecho. 
 
 
 

Artículo 98.- Estimación indirecta de bases. 
 
1. Cuando proceda la regularización de la situación tributaria de un 
sujeto pasivo mediante la determinación de sus bases imponibles a través del 
procedimiento de estimación indirecta, el actuario propondrá su aplicación en 
base a las diligencias levantadas. A la propuesta se acompañará informe sobre 
las bases estimadas y las deudas tributarias correspondientes detallando los 
fundamentos de aplicación del régimen de estimación indirecta, y los índices, 
ratios y módulos empleados y los cálculos realizados para estimar las bases 
imponibles que se proponen. 
2. La aplicación del régimen de estimación indirecta no requerirá acto 
administrativo previo que así lo declare. 
3. Sin embargo, el Órgano competente deberá dictar acto administrativo 
de fijación de bases y de liquidación tributaria que proceda, previa propuesta de 
manifiesto del expediente, en éste último caso, al interesado. 
 
Artículo 99.-  
 
1. Las infracciones simples se sancionarán con multa pecuniaria fija 
graduada en atención al cumplimiento espontáneo de las obligaciones o 
deberes formales y el retraso en el mismo y la trascendencia para la eficacia de 
la gestión tributaria, de los datos, informaciones o antecedentes no facilitados a 
la Administración Municipal, en la forma que se indica: 
a) La presentación extemporánea de la declaración tributaria 
exigida por la normativa aplicable a cada tributo se sancionará con multa 
de 100.000, 125.000, 135.000 o 150.000 ptas., según el retraso en el 
cumplimiento de dicha obligación sea, respectivamente, de hasta tres 
meses, mayor de tres hasta seis meses, mayor de seis hasta doce 
meses o mayor de doce meses. 
No obstante lo anterior, dichas cuantías tendrán carácter de 
máximas, debiendo, determinarse la sanción correspondiente, en cada 
uno de los expresados casos, aplicando a la cuota que resulte, 
respectivamente, el recargo del 10, 15, 20 o 25 por 100, sin que tampoco 
la cuantía así determinada pueda ser inferior a 1.000, 1.500, 2.000 ó 
2.500 ptas., también respectivamente. 
 
b) El no aportar los datos, informaciones o antecedentes que se 
exijan en los impresos de declaración o autoliquidación por la respectiva 
Ordenanza Fiscal del tributo, se sancionará con multa de 25.000 ptas. 
 
c) El no atender los requerimientos de la Administración: 
 
- por el primer requerimiento no atendido, 50.000 ptas. 
- por el segundo requerimiento no atendido, 100.000 ptas. 
 
2. Las infracciones graves se sancionarán con multa proporcional 
mínima del 50 por 100 de la deuda tributaria o de la cantidad que hubiere 
dejado de ingresarse, incrementándose dicha multa mínima según los 
siguientes criterios de graduación: 

a) Cuando el perjuicio económico para la Hacienda Municipal de 
la infracción grave represente más del 10 por 100 de la cantidad que 
hubiere debido ingresarse, en 50 puntos porcentuales. 
Cuanto el perjuicio económico exceda del 50 por 100, en 75 
puntos porcentuales. 
La falta de ingreso de la deuda tributaria, en 100 puntos porcentuales. 
b) Cuando el perjuicio económico derive de la obtención indebida 
de devoluciones, los porcentajes establecidos en el apartado anterior se 
determinarán por la relación entre el importe de la devolución 
indebidamente obtenida y el de la devolución procedente. 
c) Cuando el perjuicio económico derive conjuntamente de la 
obtención indebida de devoluciones y de la falta de ingreso de la deuda 
tributaria o de cantidades que hubiesen debido ingresarse, la sanción 
pecuniaria mínima se incrementará en 10 puntos porcentuales. 
d) Cuando pueda apreciarse mala fe en el sujeto infractor, la 
sanción se incrementará en 50 puntos porcentuales. No obstante, el 
incremento será de 100 puntos en los supuestos de falsa declaración de 
baja o cuando se faciliten a la Administración Municipal datos o 
informaciones falsas. 
e) En caso de resistencia, excusa o negativa a la actuación 
inspectora, se producirá un incremento de 50 puntos porcentuales. 
 
3. Cuando el sujeto pasivo preste su conformidad a la propuesta de 
regularización de su situación tributaria que se le formule, la multa determinada 
conforme a lo dispuesto en el número anterior se reducirá en 50 puntos 
porcentuales. 
La reclamación posterior contra la liquidación, excepto cuando exista 
error aritmético, restablecerá la sanción que se hubiera aplicado de no mediar 
conformidad del sujeto pasivo, si el recurso fuese desestimado. 
 
Artículo 100.-  
 
1. El ejercicio de las funciones propias de la Inspección de los Tributos 
se adecuará a los correspondientes planes de inspección, sin perjuicio de la 
iniciativa de los inspectores actuarios de acuerdo con los criterios de eficacia y 
oportunidad. 
2. Los planes de inspección establecen criterios sectoriales o 
territoriales, cuantitativos o comparativos, o bien de cualquier otra especie que 
hayan de servir para seleccionar a los sujetos pasivos y obligados tributarios 
cerca de los cuales deban efectuarse las actuaciones inspectoras de 
comprobación e investigación o de la obtención de información. 
3. Los planes de inspección tendrán la extensión temporal que en cada 
caso determine el órgano competente para su aprobación. 
4. Los planes de inspección tienen, en general, carácter reservado y no 
serán objeto de publicidad. 
 
Artículo 101.-. 
 
 Corresponde al Alcalde, sin perjuicio de las delegaciones que conforme 
a las leyes pueda realizar, la aprobación de los siguientes planes: 

 
a) El Plan Municipal de Inspección, que establece los criterios 
generales para determinar las actuaciones a realizar por los órganos 
municipales competentes en materia de inspección tributaria. 
b) Los Planes Especiales de Actuación mediante los cuales se 
articulan 
actuaciones 
sectoriales 
o 
territoriales 
específicas 
no 
contempladas en el Plan Municipal de Inspección. 
c) Los Planes de Colaboración en los que se perfilan las 
actuaciones conjuntas o coordinadas en materia de inspección tributaria 
a realizar por la Administración Municipal en colaboración con las 
Administraciones 
Tributarias 
del 
Estado, 
de 
las 
Comunidades 
Autónomas y de otras Entidades Locales. 
 
 
DISPOSICION ADICIONAL 
 
En todo lo no previsto en el Título IV de esta Ordenanza se estará a lo 
establecido en el Reglamento General de Inspección de Tributos, aprobado por 
el Real Decreto 939/1.986, de 25 de Abril, y en las demás disposiciones 
dictadas den desarrollo de la Ley General Tributaria y del resto de las leyes del 
Estado reguladoras de la materia. 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera.- La clasificación de vías públicas que aparece como anexo ha 
de considerarse a todos los efectos parte integrante de esta Ordenanza Fiscal 
General de Gestión, Recaudación e Inspección. 
 
Segunda.- La presente Ordenanza comienza a regir a partir de la 
publicación íntegra de su texto en el Boletín Oficial de la Provincia y se 
mantendrá en vigor mientras no se acuerde su derogación o modificación 
expresas.